Artículo de opinión de Aurelio García Bermúdez, Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), publicado en qcom.es
El medio rural español está preparado para el nuevo período de programación 2014-2020. En noviembre, con la ratificación de los Programas de Desarrollo Rural de Baleares, Extremadura, Galicia, Navarra y Madrid, la Comisión Europea aprobaba así todos los PDR españoles, dotados con una financiación total de 8.297 millones de euros de fondos europeos para el nuevo periodo de programación (en el caso de Europa, la asignación de FEADER es de 99.500 millones de euros). Por tanto, los 19 PDR españoles (17 PDR regionales + PDR Nacional + Marco Nacional) ya están preparados para dar el pistoletazo de salida a este nuevo período y articular las políticas rurales en todo el territorio europeo.
Antes de configurarse los PDR, desde REDR hemos hecho hincapié en el déficit de participación en el territorio a la hora de elaborar los PDR de las Comunidades Autónomas, ya que debería haber habido más implicación ciudadana y haber abierto la puerta a que esos procesos participativos se hubieran producido primero en los PDR y luego en las Estrategias de Desarrollo Local (EDL) del territorio. Pese a ello, todavía hay territorios que siguen terminando de elaborar las EDL, una labor en la que los Grupos de Acción Local están poniendo todo su esfuerzo por integrar en este proceso participativo a asociaciones, colectivos, y todos los sectores económicos, sociales, de jóvenes, mujeres...
En cuanto al número de Grupos de Acción Local previstos para este nuevo período 2014-2020, tanto a nivel nacional como europeo, la cifra se ha modificado respecto al período 2007-2013. Por un lado, pasamos de 2.402 Grupos de Acción Local a 2.513 en toda Europa (un ligero aumento en toda la UE), mientras que en España la cifra desciende de 264 a 251 (13 Grupos menos). Respecto al gasto público, las políticas de desarrollo rural canalizadas en el enfoque LEADER han sufrido un retroceso importante en España. El gasto público a nivel nacional ha pasado de los 1.641,5 millones de euros del período 2007-2013, a los 1.122,4 millones del nuevo período, lo que representa un descenso de más de 500 millones de euros.
Otros de los aspectos que también hemos defendido desde REDR ha sido la posibilidad de aplicar el multifondo por parte de los Grupos de Desarrollo. El plurifondo o multifondo consiste en habilitar a los GAL para gestionar otros fondos estructurales de la UE -además de FEADER- para la consecución de sus objetivos y estrategias sobre el terreno. Es decir, si un Grupo tiene pensado financiar un proyecto de carácter social en el medio rural, ¿no sería interesante que pudiera también encontrar esa financiación en el Fondo Social Europeo, por ejemplo? La posibilidad de emplearlo existe en 18 Estados Miembros que, para empoderar a los Grupos e impulsar su actividad, podrían permitir que éstos gestionen diferentes fondos estructurales, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) o el Fondo de Cohesión, además del ya mencionado Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En principio, la única Comunidad Autónoma que iba a permitir el multifondo en España era Aragón, pero finalmente se ha optado por no aplicar esta posibilidad por razones de complejidad administrativa (10 Estados Miembros no han aceptado la posibilidad del multifondo).
Como ya hemos recordado en numerosas ocasiones desde REDR, gracias al trabajo de los Grupos de Acción Local y las Redes Territoriales a través del enfoque LEADER, en el medio rural se han generado y afianzado alrededor de 148.000 puestos de trabajo a lo largo de todos estos años de políticas de desarrollo rural, y han supuesto la ejecución de un total de más de 89.000 proyectos (según datos de la Red Rural Nacional).
Las políticas rurales como LEADER en los territorios rurales de toda España y la UE han cosechado beneficiosos y contrastados resultados a lo largo de los años, por lo que necesitan un mayor apoyo financiero y político, no medidas regresivas. La importancia territorial del medio rural en la UE hace que sea una parte imprescindible del proyecto europeo. Las zonas rurales, incluidas las periurbanas, acogen al 58% de la población de la UE y absorben el 56% de sus puestos de trabajo, mientras que el 80% del territorio europeo es rural o semi-rural. Desde REDR exigimos que el medio rural ocupe un lugar en la agenda política, y que éste sea una de las prioridades en materia legislativa en el próximo período.
Recientemente, REDR ha participado en una de las acciones para el reconocimiento de los territorios rurales llevadas a cabo por el Movimiento Rural Europeo (del que forma parte), consistente en solicitar a la Comisión Europea la elaboración de un Libro Blanco sobre la Ruralidad por parte de la CE. A finales de 2015, REDR, como miembro representante de los GDR de España en el Parlamento Rural Europeo, suscribió un manifiesto en el que se solicitaba a la Unión Europea la preparación de una importante revisión de las condiciones de las zonas rurales en la UE, una realidad que debe reflejarse en una mayor atención a las zonas rurales en todos los programas y fondos pertinentes de la UE.
REDR también pertenece al Foro de Acción Rural, constituido por diversas organizaciones que trabajan por y para el medio rural (redes de desarrollo rural, agricultores, selvicultores, conservacionistas, propietarios, sindicatos y municipios), con el que organizamos una reunión antes de las Elecciones Generales con los diferentes partidos políticos con el fin de que éstos incluyeran en sus programas -de cara a los posteriores comicios- una serie de propuestas que apostaran por el desarrollo local participativo con base LEADER y los Grupos de Acción Local, además de que impulsen una legislación que permita mejorar el entorno rural, lo equipare en condiciones al medio urbano, y permita una generación de empleo estable y de calidad en actividades económicas sostenibles. Asimismo, nos alineamos con el reciente dictamen publicado por el Comité de las Regiones de la UE, en el que pone de relieve que las medidas de austeridad y la reducción global de los fondos para la agricultura y el desarrollo rural han puesto en peligro la supervivencia de las zonas rurales y, de hecho, que estas medidas contravienen el principio de cohesión territorial de la UE.
